El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) alzó su voz este jueves para exigir a las autoridades gubernamentales y policiales un “ALTO AL FUEGO” inmediato, tras advertir una alarmante y sostenida crecida en la cifra de civiles fallecidos bajo el argumento de supuestos intercambios de disparos con miembros de la institución del orden.
Los doctores Carlos Balcácer, Cándido Simón, Manny Sierra y la licenciada Ingrid Hidalgo, exhortó a que toda actuación de los organismos de seguridad pública se ajuste de manera estricta a la Constitución, el marco legal vigente y los principios rectores de un Estado Social y Democrático de Derecho.
De acuerdo con el análisis de estadísticas oficiales realizado por el IDDP, durante el primer semestre del año 2026 se registraron más de 142 muertes en presuntos enfrentamientos con la policía, lo que representa un incremento porcentual del 16.4 % en comparación con el mismo periodo del año anterior (2025).
La preocupación institucional se profundiza al analizar los datos recientes: hasta el pasado 25 de septiembre, 45 de los 99 homicidios reportados durante dicho mes fueron clasificados bajo la categoría institucional de “Acción Legal”, lo que equivale a un preocupante 45.5 % del total de muertes violentas en ese tramo.
El debido proceso y la presunción de inocencia no son negociables
El IDDP enfatizó que la existencia de órdenes de arresto, antecedentes penales o acusaciones formales en contra de un ciudadano no equivalen jurídicamente a una condena judicial. En consecuencia, recordaron que el rol constitucional de los organismos de seguridad es capturar, investigar y presentar a los sospechosos ante los tribunales correspondientes, garantizando en todo momento el respeto al debido proceso y el derecho de defensa.
Ante la gravedad de los hechos, el instituto especializado reclama que cada una de las muertes ocurridas en circunstancias de intervenciones policiales sea sometida a investigaciones independientes, imparciales y rigurosas, sugiriendo formalmente la adopción y aplicación del Protocolo de Minnesota en los casos que ameriten esclarecimiento internacional y de derechos humanos.
Propuestas estructurales y llamado a la reflexión
Como parte de sus recomendaciones para abordar la crisis de seguridad sin vulnerar los derechos fundamentales, el IDDP propuso el fortalecimiento de la investigación criminal científica y de los mecanismos de desarme civil y delictivo.
Diseño de políticas públicas preventivas orientadas de manera integral a la juventud y fomento de un diálogo nacional, abierto y participativo enfocado en rediseñar los paradigmas de la seguridad ciudadana.
El comunicado concluye con una postura institucional firme y categórica: "Combatir el crimen es una obligación ineludible del Estado, pero proteger la vida y la dignidad humana también lo es. La seguridad pública no puede construirse al margen del derecho"
