El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso prisión preventiva, arresto domiciliario y garantías económicas a los implicados en la red de corrupción administrativa que sustrajo fondos públicos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), desmantelada a partir de la Operación Cobra 2.0-A.
El magistrado declaró el caso de tramitación compleja y designó al Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional como tribunal de control del proceso. El pasado viernes se había reservado el fallo para este domingo 27 de septiembre, convocando a las partes a las 7:00 p. m. La audiencia inició pasadas las 9:00 p. m. y concluyó alrededor de las 10:00 p. m.
Prisión preventiva
La medida fue impuesta a Angeury Guzmán, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Wander Díaz y Juan Henry Poueriet, quienes cumplirán 18 meses de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, en San Antonio de Guerra. Asimismo, Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista cumplirán la misma medida en el CCR Najayo Mujeres. La revisión obligatoria quedó fijada para el 22 de diciembre de 2026.
Arresto domiciliario y garantías económicas
Se dictó arresto domiciliario para Heidy Coronado, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo, Víctor Felipe Rodríguez García y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
En cuanto a Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Keila Beatriz Acosta Leonardo y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, el juez dispuso arresto domiciliario, impedimento de salida del país y una garantía económica de 2 millones de pesos a presentarse mediante compañía aseguradora.
A Martha María Saldaña Saldaña se le impuso arresto domiciliario, impedimento de salida y una garantía de 3 millones de pesos.
Finalmente, José Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito y Yocaira Antonia Méndez Beltré deberán presentar una garantía de un millón de pesos, además de cumplir con impedimento de salida y presentación periódica.
Camacho: "Vamos a ir por más"
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, calificó la decisión como "razonable" y un reconocimiento a la solidez de la investigación del Ministerio Público.
Exhortó a los médicos a no prestar sus códigos profesionales, advirtiendo que esta práctica puede arrastrarlos a procesos penales. "Si los 22 médicos procesados en este caso no hubiesen prestado su código, este caso no existiría", afirmó, al tiempo que propuso una campaña de concienciación sobre el tema.
Señaló que todos los imputados, a excepción de dos, quedaron privados de libertad.
Adelantó que la investigación sobre las irregularidades en SeNaSa continúa, asegurando: "Vamos a ir por más".
El equipo litigante del Ministerio Público estuvo encabezado por Camacho, junto a la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca); el procurador de corte Héctor García y los fiscales Rosa Alba García, Ernesto Guzmán Alberto y Yudelka Holguín.
Antecedentes
El año pasado, mediante la Operación Cobra, el Ministerio Público arrestó a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de SeNaSa, y a los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.
A este grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos. El Ministerio Público busca sanciones penales y el decomiso de miles de millones de pesos sustraídos al Estado.
Según el órgano acusador, se trata de un esquema sistemático de corrupción instalado por el entonces director ejecutivo de SeNaSa, en coalición con funcionarios de la ARS y con la participación de prestadores de servicios de salud.
Como parte de las líneas de investigación, en junio pasado se ejecutó la Operación Onco14, que conllevó el arresto de tres personas por presuntamente defraudar al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer mediante maniobras fraudulentas que afectaron al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), a los pacientes y a SeNaSa. Los detenidos fueron Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del patronato; su esposa Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida; y su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien se desempeñó como vicepresidenta y auditora interna y externa del patronato. Lora Cruceta y Guzmán cumplen prisión preventiva, mientras que Vargas Sánchez se encuentra bajo arresto domiciliario.
