Jurista llama a comunicadores a utilizar términos jurídicos correctos al informar sobre procesos penales

Cirilo de Jesús Guzmán López

El jurista Cirilo de Jesús Guzmán López llamó a los comunicadores, especialmente a quienes cubren la fuente judicial, a utilizar de manera correcta los términos jurídicos al informar sobre hechos delictivos y procesos penales, a fin de evitar que personas señaladas como presuntos responsables sean presentadas públicamente como culpables antes de que exista una decisión judicial definitiva.

Guzmán López sostuvo que la comunicación en materia judicial debe ser “fluida, acertada e informativa”, pero también apegada a la terminología jurídica correspondiente a cada etapa del proceso penal.

Explicó que, inmediatamente después de ocurrir un hecho que pudiera constituir una infracción penal, las autoridades deben desarrollar las investigaciones correspondientes y que, mientras no exista una sentencia que establezca responsabilidad penal, las personas vinculadas al caso deben ser identificadas como presuntos implicados, sospechosos o imputados, dependiendo de la etapa procesal.

En ese sentido, consideró correcto informar que “la Policía Nacional y los organismos investigativos del Estado, bajo la dirección del Ministerio Público, continúan con la búsqueda de los presuntos implicados”, en lugar de calificarlos de antemano como “los culpables” o como las personas que cometieron el hecho.

El jurista recordó que el ordenamiento constitucional y las leyes dominicanas establecen la presunción de inocencia, por lo que una persona señalada como autora de un hecho debe ser considerada inocente hasta que su responsabilidad sea determinada mediante una decisión judicial.

Una admisión no determina por sí sola la culpabilidad

Guzmán López también llamó la atención sobre la forma en que deben ser manejadas las informaciones relativas a personas que, después de ser arrestadas, admitan públicamente su participación en un hecho delictivo.

Explicó que una declaración de esa naturaleza no convierte automáticamente al detenido en culpable, debido a que dentro del proceso penal existen garantías fundamentales, entre ellas el derecho a la no autoincriminación.

Según el jurista, la declaración del imputado o su decisión de guardar silencio no pueden ser entendidas de manera aislada como una determinación automática de responsabilidad penal.

Sostuvo que corresponde al tribunal que conozca el proceso valorar integralmente los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público y, cuando corresponda, por la parte querellante.

“El pacto social establece que, para hacer justicia, todo debe ir ligado al debido proceso establecido en la ley”, planteó el jurista.

Diferenciar cada etapa del proceso

Guzmán López explicó que el lenguaje utilizado por los medios de comunicación debe ajustarse al momento procesal en que se encuentre el caso, debido a que los términos empleados pueden variar a medida que avanza el proceso penal.

Consideró necesario que los comunicadores identifiquen con precisión si se trata de una persona investigada, arrestada, imputada, acusada o condenada, pues cada denominación responde a una situación procesal distinta.

A su juicio, esa precisión no solo contribuye a una mejor comprensión de la información por parte de los ciudadanos, sino que también protege derechos fundamentales de las personas sometidas a procesos judiciales.

El jurista hizo el planteamiento al reflexionar sobre la responsabilidad que tienen los medios de comunicación al informar sobre hechos de naturaleza penal, particularmente aquellos que generan gran impacto social.

Destacó que informar correctamente sobre una investigación criminal no significa restarle importancia a la gravedad del hecho, sino explicar con precisión qué ha ocurrido, qué atribuyen las autoridades a los investigados y en qué etapa se encuentra el proceso.

Finalmente, Guzmán López llamó a sus colegas comunicadores, dentro y fuera de la República Dominicana, a mantener el respeto por las garantías constitucionales al momento de informar sobre procesos judiciales, especialmente por la presunción de inocencia, el derecho de defensa, la no autoincriminación y el debido proceso.