Como parte del fortalecimiento de las acciones de prevención y sensibilización y con el propósito de promover espacios laborales seguros, respetuosos y libres de conductas que vulneren la dignidad de las personas, el Poder Judicial realizó una charla sobre su Protocolo de Actuación contra la Violencia, Discriminación y Acoso, dirigida a jueces, juezas y servidores judiciales.
La apertura estuvo a cargo de la magistrada Vanessa Acosta, jueza de la Suprema Corte de Justicia y presidenta [JP2] de la Comisión de Acoso y Prevención de la Violencia del Poder Judicial, quien destacó la relevancia del protocolo como herramienta institucional para prevenir, identificar y atender este tipo de conductas.
Durante la jornada, la magistrada Elka Reyes, jueza de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo, explicó que el protocolo tiene como finalidad informar y sensibilizar a los integrantes de la institución sobre las conductas que constituyen violencia, discriminación, acoso sexual y acoso laboral, así como establecer pautas para identificarlas, prevenirlas y atender los casos que puedan presentarse.
En tanto que la magistrada Elizabeth Rodríguez, presidenta del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Santo Domingo y miembro de la subcomisión de Género, expuso sobre la tipificación de las conductas contempladas en el protocolo, entre las cuales se encuentran el ciberacoso, así como los tipos de acoso: emocional o psicológico, jerárquico, horizontal, laboral, moral, sexista y sexual; la discriminación y violencia, incluyendo de género, contra la mujer y laboral.
Al cerrar su intervención, Rodríguez exhortó a los presentes a comunicar oportunamente cualquier situación de abuso o acoso, sin esperar a que se produzcan hechos de mayor gravedad.
De su lado, el inspector general del Poder Judicial, Jacinto Castillo, explicó que el proceso para presentar una denuncia inicia con el depósito ante la Inspectoría General de manera virtual, física o verbal, identificando a la presunta víctima, la persona denunciada y ofreciendo una breve descripción de los hechos.
Posteriormente, las quejas son evaluadas para determinar su pertinencia y, cuando corresponde, se inicia una investigación que puede culminar con la adopción de medidas disciplinarias como el traslado provisional de la persona denunciada o su suspensión, cuando existan antecedentes que lo justifiquen.
Asimismo, Castillo afirmó que el desistimiento de la persona afectada no extingue el procedimiento disciplinario ni sus posibles consecuencias.
La actividad contó además con la intervención de Luz Mata, de la Dirección General de Administración y Carrera Judicial, y secretaria de la Comisión de Acoso, así como de la psicóloga María Magdalena Lugo, quien abordó el impacto del acoso en las emociones y la salud mental.
La especialista explicó que uno de los principales retos frente a estas situaciones es la capacidad de adaptación de las personas, debido a que la necesidad humana de convivir y relacionarse puede llevar a minimizar determinadas conductas hasta llegar a normalizarlas. “Las buenas relaciones en los trabajos se basan en la confianza, comunicación y reciprocidad”, sostuvo.
La actividad realizada en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, estuvo coordinada por la subcomisión de Género del Departamento Judicial de Santo Domingo, y contó con la participación de magistrados (as) y servidores judiciales del Poder Judicial.
Al cerrar la jornada, Eudelina Salvador coordinadora de la subcomisión de Género, destacó que el acoso ha dejado de ser entendido como un simple conflicto interpersonal para ser reconocido como una conducta capaz de afectar la dignidad, la salud mental, la integridad y el desarrollo profesional de quienes la padecen.
Resaltó además que el nuevo Código Penal incorpora una regulación expresa del acoso y sus diferentes manifestaciones, con especial atención a aquellas situaciones que se producen en contextos de subordinación, dependencia o relaciones laborales.
Salvador calificó como un hito la existencia de este protocolo, al considerar que constituye una herramienta fundamental para fortalecer una cultura institucional basada en el respeto, la igualdad y la no discriminación, aunque reconoció que persisten desafíos como romper la cultura del silencio y continuar fortaleciendo las acciones de prevención.
“Nuestro gran reto institucional es lograr que cada tribunal, dependencia y oficina judicial sea un espacio donde prevalezcan el respeto mutuo, la igualdad de trato y la dignidad humana. Solo así podremos exigir hacia afuera los mismos estándares de justicia que estamos llamados a garantizar dentro de nuestra propia institución”, afirmó.
De esta forma, el Poder Judicial reafirma su compromiso con el fortalecimiento de una cultura institucional de respeto, igualdad y dignidad, como parte de las acciones orientadas a garantizar un ambiente laboral adecuado para quienes integran la institución.
