La Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), a través de su Centro de Estudios de Seguridad y Defensa (CESEDE), llamó a revisar y fortalecer el Proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional antes de su aprobación definitiva, a fin de garantizar que sus disposiciones sean compatibles con la Constitución, las leyes vigentes y los derechos adquiridos de los miembros de la institución.
La directora del CESEDE, doctora Josefina Reynoso, advirtió que una legislación de esta naturaleza debe convertirse en una herramienta para fortalecer la institucionalidad policial y la seguridad ciudadana, y no generar contradicciones jurídicas, conflictos de competencias o afectaciones a derechos consolidados.
“Una ley orgánica de esta naturaleza tiene que nacer con solidez constitucional y jurídica”, afirmó Reynoso, al señalar que la normativa que regirá el funcionamiento de la Policía Nacional no puede contener disposiciones contrarias a la Constitución o a leyes vigentes.
La posición de FUNGLODE está sustentada en un informe elaborado por el CESEDE y remitido a la Cámara de Diputados, en el que se identifican 22 observaciones de carácter constitucional relacionadas con 15 artículos y principios de la Carta Magna, además de 33 aspectos vinculados con técnica legislativa, para un total de 55 observaciones puntuales al proyecto.
Piden proteger derechos de policías
Reynoso aclaró que las observaciones formuladas por FUNGLODE y el CESEDE no buscan obstaculizar el proceso de transformación de la Policía Nacional, sino contribuir a que el país cuente con una legislación moderna, coherente y orientada a mejorar la seguridad de la población.
“La reforma de la Policía Nacional debe tener como resultado una institución más profesional, más eficiente y más cercana al ciudadano”, sostuvo.
En ese sentido, consideró necesario que la futura legislación establezca reglas claras sobre el uso de la fuerza y la actuación policial, al tiempo que garantice el respeto de los derechos fundamentales.
El informe también advierte sobre disposiciones relacionadas con el uso de la fuerza, la privación de libertad y la disolución de manifestaciones, por su impacto directo sobre los ciudadanos y la necesidad de establecer garantías y mecanismos de control claramente definidos.
La directora del CESEDE llamó además a preservar la seguridad jurídica de los miembros de la Policía Nacional, particularmente en aspectos vinculados con la carrera policial, el retiro, las pensiones, las indemnizaciones y la estabilidad institucional.
Según el análisis, algunas disposiciones transitorias podrían afectar situaciones jurídicas previamente consolidadas, mientras otras modificarían elementos del régimen previsional y de retiro actualmente vigente.
“Modernizar no significa desconocer derechos”, expresó Reynoso, quien sostuvo que una transformación institucional legítima debe proteger a la ciudadanía y, al mismo tiempo, garantizar los derechos reconocidos a los agentes que han desarrollado una carrera dentro de la Policía Nacional.
Tres pilares para la reforma
FUNGLODE y el CESEDE plantearon que la Ley Orgánica de la Policía Nacional debe sustentarse en tres pilares fundamentales: respeto a la Constitución y las leyes, fortalecimiento efectivo de la seguridad ciudadana y protección de los derechos y la carrera de los miembros de la Policía Nacional.
Reynoso destacó que, por tratarse de una legislación orgánica destinada a regular aspectos esenciales de la estructura, organización y funcionamiento de la Policía, el proyecto requiere un elevado nivel de rigurosidad jurídica y técnica.
“Esta no puede ser una ley más. Estamos hablando de la norma que organizará una de las instituciones fundamentales para la seguridad y la convivencia democrática”, manifestó.
La entidad reiteró su disposición de continuar aportando análisis técnicos y propuestas al proceso de reforma policial y al diseño de políticas públicas de seguridad ciudadana.
“Nuestro aporte es constructivo. Queremos una Policía Nacional fortalecida, una ciudadanía más segura y una ley que pueda mantenerse en el tiempo porque respeta la Constitución, las leyes y los derechos. Ese debe ser el verdadero objetivo de una reforma policial”, concluyó Reynoso.
