
TC ordena a CODIA pagar más de RD$1.5 millones por incumplir sentencia de libre acceso a la información

El Tribunal Constitucional (TC) ordenó al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) pagar RD$1,596,000.00 al ingeniero Livio Mercedes Castillo, tras acoger una segunda solicitud de liquidación de astreinte por el incumplimiento sostenido de una sentencia que le ordenaba entregarle información pública desde 2019.
La decisión, contenida en la Sentencia TC/0822/26 (expediente TC-12-2026-0003), responde al incumplimiento del fallo inicial TC/0001/19, el cual ordenaba al CODIA proveer copias del presupuesto ejecutado, cheques emitidos de las últimas diez gestiones y las nóminas de personal de diversos periodos entre 2017 y 2018
Origen del caso
El litigio se remonta al 28 de marzo de 2018, cuando Mercedes Castillo interpuso una acción de amparo contra el CODIA solicitando copia del presupuesto ejecutado, los cheques emitidos con sus soportes de las últimas diez gestiones del colegio profesional, y la nómina de personal fijo y contratado correspondiente a varios meses entre 2017 y 2018.
Tras una decisión parcial del Tribunal Superior Administrativo, el caso llegó en revisión al Tribunal Constitucional, que mediante la Sentencia TC/0001/19, del 29 de marzo de 2019, ordenó al CODIA entregar la documentación en un plazo no mayor de quince días y le impuso una astreinte de mil pesos (RD$1,000.00) por cada día de retraso en el cumplimiento, a favor del accionante.
Primera liquidación: RD$280,000
Ante el incumplimiento, Mercedes Castillo solicitó en enero de 2020 la primera liquidación de la astreinte. El TC, mediante la Sentencia TC/0093/21, del 20 de enero de 2021, fijó en RD$280,000.00 el monto correspondiente a 280 días de retraso, computados desde el vencimiento del plazo de la sentencia original hasta la fecha de esa solicitud.
Incumplimiento persistente y segunda liquidación
El 18 de febrero de 2026, Mercedes Castillo solicitó una segunda liquidación de astreinte, alegando que el CODIA continuaba sin entregar la información pese al tiempo transcurrido. El tribunal precisó que esta nueva solicitud no constituye cosa juzgada respecto de la anterior, ya que se trata de "un hecho nuevo y continuado" derivado de la persistencia del incumplimiento.
En el expediente consta que, en diciembre de 2025, el CODIA notificó a Mercedes Castillo un acto de alguacil mediante el cual pretendía entregarle más de 47,000 páginas de información, supuestamente almacenadas en una librería de la zona universitaria. Sin embargo, una comprobación notarial posterior determinó que en ese local no se encontraba ningún documento proveniente del colegio profesional.
El TC constató que el CODIA no depositó prueba alguna de haber cumplido con la entrega de los documentos ordenados desde 2019, por lo que consideró cumplidos los tres presupuestos que ameritan la liquidación: que la sentencia fue debidamente notificada, que el plazo otorgado está vencido, y que la parte obligada no ha dado cumplimiento al mandato judicial.
El fallo
El tribunal computó 1,596 días de retraso entre el 6 de octubre de 2021 fecha de notificación de la sentencia que liquidó el primer tramo de la astreinte y el 18 de febrero de 2026, cuando se presentó la nueva solicitud. A razón de RD$1,000.00 diarios, la suma total ascendió a RD$1,596,000.00.



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