El Consejo de Defensa del exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez denunció este viernes una intensa ofensiva comunicacional del Ministerio Público dirigida a desviar la atención de la cuestión jurídica que deberá decidir el próximo lunes 17 de agosto el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional: si corresponde extinguir un proceso que alcanza seis años frente al plazo máximo de cuatro años establecido por el artículo 150 del Código Procesal Penal.
La defensa sostuvo que, luego del amplio debate público generado esta semana sobre la procedencia de la extinción y de que amplios sectores de la comunidad jurídica del país confirmaran que la solución jurídica aplicable es declarar la extinción, el Ministerio Público intenta trasladar nuevamente la discusión hacia las falsas imputaciones de fondo, difundiendo declaraciones sobre las fallidas "34 líneas de investigación", el “blindaje” del expediente e incluso supuestos acuerdos que Jean Alain Rodríguez niega categóricamente que existan.
"No existe ningún acuerdo ni negociación por parte de Jean Alain Rodríguez. Quizás el Ministerio Público esté confundiendo este proceso con otros casos en los que sí se han discutido acuerdos, como el que se rumora respecto al caso SENASA.”
Aquí lo que existe es una solicitud de extinción que el tribunal debe decidir conforme a la ley, y lo que el Ministerio Público debería explicar es por qué tres decisiones de tres tribunales, entre ellas la núm. 059-2023-SRES-00003 del Tercer Juzgado de la Instrucción, descartaron que las dilaciones sean atribuibles a nuestro cliente y que los retrasos fueron generados por el Ministerio Público.
De eso es que deberían hablar: de una pobre investigación de dos años; de haber solicitado prórrogas, de haber sido intimados a depositar la acusación, del ocultamiento y entrega tardía de documentos; del desacato de sentencias; de haber construido una acusación de más de 12,000 páginas, de entregar un disco duro defectuoso con 3,000 supuestas pruebas y 666,000 archivos; y de haber incluido, para abultarlo, hasta pruebas de otros casos. Esas son las dilaciones y deficiencias que el Ministerio Público debe explicar antes de pretender trasladar al imputado las consecuencias del vencimiento del plazo legal”, afirmó el Consejo de Defensa.
Los abogados advirtieron que esta estrategia comunicacional pretende distraer a la ciudadanía y generar presión pública sobre los jueces mediante la discusión de acusaciones que la defensa sostiene haber desmontado documentalmente, cuando la cuestión en debate hoy y pendiente de decisión no consiste en determinar el fondo del expediente, sino si el Estado agotó el tiempo de cuatro años que la legislación le concede para mantener abierta la persecución penal.
Ya desmontamos esas 34 imputaciones y lo haremos cuantas veces sea necesario. Pero ese no es el debate que debe distraer hoy al país. La pregunta es mucho más sencilla: ¿puede el Estado mantener durante casi seis años un proceso para el cual la ley estableció un límite máximo de cuatro?
