El magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, presidente de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia
El Poder Judicial dominicano participó de manera virtual en la reunión ordinaria del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe (CJCC), celebrada en Guatemala, los días 11 y 12 de agosto, en la que se realizó el traspaso de la presidencia pro tempore para el período 2026-2027.
La delegación dominicana la conformaron el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, presidente de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, en representación del juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina; la doctora Gervasia Valenzuela Sosa, directora general técnica del Poder Judicial y enlace del CJCC;la magistrada Mery L. Collado, quien participó en el panel “Retos y desafíos de la IA en los sistemas de justicia”. Asimismo, participó la Licda. Sarah Elena Pérez Medina, directora de Relaciones Internacionales.
Al evento asistieron de manera presencial presidentes y representantes de los países que conforman este espacio regional, conjuntamente con otros actores internacionales, motivados por la construcción de una estrategia para el fortalecimiento de la administración de justicia, la paz y la seguridad en la región.
Durante el encuentro, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia del Organismo Judicial de la República de Guatemala, magistrada Claudia Lucrecia Paredes Castañeda, recibió el traspaso de la presidencia pro tempore del CJCC por parte del Poder Judicial de Costa Rica.
Paredes Castañeda presentó el marco de trabajo regional para su período directivo ante el organismo, en el que se da además continuidad a los Grupos Especializados de Trabajo iniciados en el período anterior.
En unas breves palabras, el magistrado Francisco Jerez Mena dijo sentirse confiado en que el Poder Judicial de Guatemala ejercerá su función con compromiso y liderazgo ante el CJCC, conforme a la agenda regional, promoviendo los compromisos e intercambios judiciales.
“Cada presidencia aporta su visión, su experiencia y su capacidad de liderazgo y asume el deber de enriquecerlo para quienes habrán de continuarlo después, que es precisamente una de las grandes fortalezas de nuestro Consejo. Desde el Poder Judicial dominicano reafirmamos nuestra disposición de participar activamente en los trabajos e iniciativas que contribuyan al desarrollo de nuestros sistemas de justicia”, apuntó el magistrado Jerez.
En otro orden, durante el panel de los Retos y desafíos de la IA en los sistemas de justicia, la magistrada Mery Laine Collado, afirmó que desde el Poder Judicial dominicano se han impulsado e incorporado soluciones de Inteligencia Artificial de manera progresiva, transformando todo lo que tiene que ver con acceso a la justicia y la digitalidad.
Advirtió que el uso de la IA debe ser visto como un apoyo, con supervisión y control humano, no como un sustituto del juzgador.
“En República Dominicana no tenemos actualmente una regulación específica para la Inteligencia Artificial. Sin embargo, el Poder Judicial, en uso de su facultad constitucional de iniciativas legislativas, promovió la aprobación de la Ley de Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial, a través de la Ley 339-2022. Por medio de ella podemos implementar todas estas soluciones tecnológicas”, concluyó la magistrada Collado.
Asimismo, en el marco de la reunión del CJCC se firmó la Declaratoria sobre el Acceso a la Justicia de la Personas Migrantes, un compromiso regional para desarrollar estrategias judiciales conjuntas frente a esta problemática social, mediante un abordaje multidimensional, intersectorial y con pleno respeto a los derechos humanos.
El Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe es el órgano integrador de políticas en materia de aplicación de Justicia y seguridad jurídica entre los Poderes Judiciales de Centroamérica que reúne a los presidentes de Supremas Cortes de Justicia de Centroamérica y del Caribe.
Está conformado por miembros permanentes de los Poderes Judiciales de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Puerto Rico. Sus miembros observadores son: España, México, Cuba, Jamaica, Guyana, Qatar, Trinidad y Tobago, el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), el Centro Nacional de Tribunales Estatales (NCSC, por sus siglas en inglés), y la Conferencia de la Hay de Derecho Internacional Privado-HCCH.
