TC revoca decisión que otorgaba permiso de salida laboral a condenado a 30 años por matar a un hombre por confusión

El Tribunal Constitucional (TC) revocó una decisión del Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, que había ordenado a las autoridades del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-15) Cucama, de La Romana, dar cumplimiento a un permiso de salida temporal con fines laborales a favor de Luis Manuel Peguero Herrera, conocido como "Manauris", quien cumple una condena de 30 años de prisión por matar a un hombre por confusión.

La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0574/26, tomó esta decisión al declarar admisible un recurso de revisión constitucional interpuesto por la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales contra la resolución núm. 340-01-2024-SRES-00225, dictada el 9 de septiembre de 2025 por el Tribunal de Ejecución de la Pena.

El tribunal consideró que la acción de amparo de cumplimiento presentada no perseguía la tutela de derechos fundamentales, sino resolver una dificultad en la ejecución de un fallo judicial, por lo que concluyó que dicha acción resultaba improcedente.

Antecedentes del caso

Peguero Herrera, a través de su abogada, la defensora pública Zoila González, había solicitado y obtenido en julio de 2025 un permiso para salir del centro penitenciario los lunes a las 8:00 de la mañana y regresar los viernes a las 4:00 de la tarde.

Sin embargo, ante la alegada falta de ejecución de ese permiso, el condenado interpuso una acción de amparo de cumplimiento contra la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, la cual fue acogida por el tribunal de primer grado en septiembre de 2025, que además condenó a esa dirección al pago de un astreinte de RD$20,000 diarios por cada día de retraso en el cumplimiento.

Ante esa situación, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales acudió al Tribunal Constitucional solicitando que se revisara el caso, alegando que el centro penitenciario Cucama se había negado a ejecutar la decisión pese a haber sido notificada por correo electrónico. Por su parte, el Ministerio Público solicitó que se procediera conforme a la ley.

Fundamentos de la decisión

El TC determinó que la acción de amparo de cumplimiento no satisfacía lo establecido en el artículo 104 de la Ley núm. 137-11, señalando que esta figura legal tiene como propósito garantizar el cumplimiento de leyes, reglamentos y actos administrativos, pero no de sentencias judiciales, criterio que ya había establecido previamente en su jurisprudencia.

El alto tribunal precisó además que las sentencias judiciales, incluidas las dictadas en materia de amparo, son ejecutorias por sí mismas una vez cumplen con los requisitos legales, sin necesidad de una nueva sentencia que lo confirme.

Asimismo, el TC concluyó que las notificaciones enviadas por correo electrónico a la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, así como la entrega personal a su representante legal, no cumplían con los criterios de validez fijados en sus precedentes TC/0109/24 y TC/0163/24. Por esa razón, determinó que el recurso de revisión fue depositado dentro del plazo legal, ya que el término de cinco días aún no había comenzado a correr.

La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del tribunal. No participaron en la deliberación y votación los magistrados Miguel Valera Montero, primer sustituto; Alba Luisa Beard Marcos y Domingo Gil, por causas previstas en la ley.

El caso original

Peguero Herrera fue condenado a 30 años de prisión por el Tribunal Colegiado de La Romana, tras causar la muerte de un hombre en un hecho ocurrido en el sector Río Salado el 17 de agosto de 2010. Ese mismo tribunal sentenció a la pena máxima a Julio Alberto Mariano Ávila, alias "El Zurdo", luego de que el Ministerio Público presentara pruebas contundentes que demostraron que este había matado a José Omar Figueroa Brito al confundirlo con un tal "Enano", ocasionándole múltiples heridas de bala que le causaron la muerte.