Un análisis publicado en el periódico El Caribe plantea una reflexión crítica sobre el proceso de digitalización del sistema judicial en la República Dominicana, advirtiendo sobre los desafíos y riesgos que podrían derivarse de su implementación si no se garantiza el acceso efectivo de los ciudadanos a la justicia.
El artículo, titulado “Una justicia sin rostro” y firmado por la jurista Laura María Hernández Román, examina la aplicación de la Ley núm. 339-22, que regula el uso de medios digitales en el sistema judicial dominicano. Aunque la normativa establece que la incorporación de la tecnología debe contribuir a la celeridad, eficiencia y accesibilidad de los servicios judiciales, el análisis sostiene que estos objetivos no se están materializando plenamente en la práctica.
De acuerdo con la autora, las plataformas digitales utilizadas actualmente en los tribunales presentan fallas técnicas, reglas poco claras y limitaciones operativas que dificultan la interacción directa entre los ciudadanos y el sistema judicial. A su juicio, esta situación convierte al usuario, ya sea abogado o ciudadano, en un simple administrado dependiente de decisiones automatizadas y centralizadas.
El texto también cuestiona la supuesta opcionalidad del uso de herramientas digitales, al señalar que en numerosos casos la modalidad virtual se ha convertido en la vía predominante sin que existan alternativas presenciales efectivas, trasladando a los usuarios parte de los costos asociados a la transición tecnológica.
Asimismo, el análisis advierte sobre la concentración de control dentro del ecosistema digital judicial, particularmente en el ámbito de decisiones vinculadas al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, lo que podría generar preocupaciones respecto a principios fundamentales como la transparencia y la publicidad de los procesos.
En materia de eficiencia, la autora sostiene que la digitalización no ha logrado reducir los tiempos de respuesta en la medida esperada. Por el contrario, señala que persisten retrasos en audiencias, decisiones judiciales y notificaciones, factores que, según expone, plantean interrogantes sobre la efectividad real del sistema.
Como parte de sus propuestas, Hernández Román plantea la necesidad de establecer mecanismos de reglamentación participativa, realizar auditorías externas al sistema digital judicial, garantizar opciones reales para quienes prefieran modalidades presenciales y adoptar estándares centrados en las necesidades de los usuarios.
La autora concluye que una digitalización mal gestionada puede terminar alejando a los ciudadanos del sistema de justicia y debilitando principios esenciales como la inmediación procesal y el acceso equitativo. “Una justicia sin rostro no es más eficiente; es simplemente menos justicia”, afirma.
