La Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega declaró la extinción de dominio sobre tres vehículos que eran utilizados para el transporte de cigarrillos de contrabando, marcando así la primera sentencia de esta naturaleza tras la entrada en vigencia de la Ley 340-22.
La decisión judicial ordena el decomiso definitivo y la entrega al Estado dominicano de los bienes incautados el pasado año en la comunidad de La Penda, provincia de La Vega.
La sentencia afecta a tres vehículos que fueron instrumentalizados para actividades ilícitas, como dos camiones marca Mack, modelos MS300P, de color azul y blanco, año 1996, un camión marca EICHER: Modelo PRO3008G, color blanco, año 2021, un minibús marca Toyota: Modelo Town ACE, año 2019.
Antecedentes del operativo
Los vehículos fueron incautados el 4 de julio de 2025 durante un operativo conjunto realizado por la Unidad de Erradicación del Comercio Ilícito del Ministerio Público y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom).
Durante el proceso judicial, la Unidad de Extinción de Dominio, en colaboración con la Procuraduría Regional de La Vega, presentó pruebas irrefutables que demostraron que dichas unidades eran utilizadas para movilizar mercancía de contrabando, logrando así que el tribunal acogiera la solicitud de extinción.
Un precedente contra el crimen organizado
Este dictamen representa un avance significativo en la implementación de la Ley 340-22, normativa creada con el objetivo de recuperar a favor del Estado los activos y bienes obtenidos mediante actividades ilícitas o vinculadas al crimen organizado.
El Ministerio Público, bajo la supervisión del Consejo Superior del Ministerio Público que preside la procuradora general adjunta, Yeni Berenice Reynoso, valoró la sentencia como un triunfo para el Estado de derecho. Asimismo, la institución reiteró su compromiso inquebrantable de combatir todas las manifestaciones de la criminalidad, haciendo uso de las herramientas legales que permiten perseguir los bienes de procedencia ilícita, tanto dentro del territorio nacional como aquellos ubicados en el extranjero, conforme a los acuerdos de cooperación internacional.
