La diputada por la provincia Puerto Plata, Lidia Esther Pérez de Taveras, depositó este miércoles ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley destinado a modificar nueve artículos de la Ley núm. 74-25, Orgánica que instituye el Código Penal de la República Dominicana.
La legisladora considera que la redacción actual de dichos apartados podría vulnerar la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho ciudadano a la crítica, la denuncia y el debate público.
Con esta nueva pieza, la congresista fortalece una agenda de protección integral iniciada el pasado 6 de mayo, fecha en la que sometió el Proyecto de Ley sobre las Garantías de la Libertad de Expresión, Libertad de Prensa y Prohibición de Censura Previa en la República Dominicana.
Ambas iniciativas persiguen el mismo objetivo: garantizar que en el país nadie pueda ser perseguido penalmente por emitir opiniones, criticar, denunciar, hacer periodismo, reclamar rendición de cuentas o participar en debates de interés público.
Mientras la primera pieza establece garantías generales y prohíbe la censura previa, esta segunda propuesta corrige artículos específicos sobre ultraje a funcionarios, acoso, ciberbullying, difamación e injuria dentro del nuevo Código Penal para impedir el castigo con prisión.
“Ningún dominicano debe ir preso por opinar. Quien difama con mentira deliberada debe responder ante la justicia; quien acosa de verdad debe ser sancionado con firmeza. Pero la crítica, la denuncia y el periodismo no son delitos: son la democracia funcionando”, afirmó la diputada Pérez al depositar la pieza.
La legisladora aclaró que su propuesta no busca eliminar las sanciones contra conductas dañinas, sino precisar el marco legal para castigar los abusos reales sin criminalizar la opinión, la sátira o la labor de la prensa.
Los cambios clave contemplados son fin de la prisión por difamación e injuria, las modificaciones a los artículos 208 y 210 sustituyen la cárcel por multas y medidas de reparación proporcional.
Incorporan el estándar de dolo, mediante el cual solo habrá responsabilidad civil si se demuestra que la imputación contra funcionarios o candidatos se hizo a sabiendas de su falsedad o con manifiesto desprecio por la verdad.
Las reformas a los artículos 310 y 311 eliminan el tipo penal que permitiría castigar con cárcel palabras, gestos, escritos o imágenes dirigidos a servidores del Estado. En su lugar, se tipifica una infracción precisa para sancionar únicamente amenazas graves y reales, dejando blindada la crítica política y la exigencia de rendición de cuentas.
En los artículos 121, 122 y 123 se exigirá una conducta reiterada, grave e injustificada con daño real verificable, excluyendo explícitamente las opiniones, críticas o sátiras de interés público. Se mantienen penas severas de hasta cinco años si la víctima es menor de edad o se divulga contenido íntimo, y de hasta diez años en caso de un desenlace fatal previsible.
Las modificaciones a los artículos 209 y 309 mantienen castigos rigurosos contra la difamación extorsiva, especialmente si es cometida a través de redes coordinadas, cuentas falsas o mecanismos digitales de presión, garantizando que la protesta pacífica y las publicaciones legítimas no sufran persecución penal.
Un blindaje constitucional previo
“No vinimos a tumbar el Código Penal; vinimos a blindarlo antes de que entre en vigencia con un talón de Aquiles constitucional. Prefiero que el Congreso precise nueve artículos hoy, a que el Tribunal Constitucional los anule mañana y dejemos a las víctimas sin protección y a los ciudadanos sin certeza jurídica”, argumentó Pérez de Taveras.
La diputada recordó que organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA han sostenido de manera reiterada que los delitos de expresión no deben sancionarse con penas privativas de libertad. Señaló además que el propio Ministerio Público dominicano fijó en 2023 el criterio de que no toda expresión ofensiva en redes sociales debe ser criminalizada.
Junto al proyecto, la legisladora depositó una matriz comparativa que detalla la redacción vigente, la modificación propuesta y su respectiva justificación jurídica, documento que será compartido con los bloques partidarios, gremios periodísticos, universidades, juristas y organizaciones de la sociedad civil.
