El Estado dominicano, representado por el Equipo de Recuperación de Patrimonio Público (ERPP), saluda el auto de apertura a juicio para todos los implicados en el caso Intrant y la ratificación del precedente de ser reconocido como víctima y actor civil por el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
“El Equipo de Recuperación de Patrimonio Público tiene la voluntad de recuperar hasta el último centavo robado a los fines de que la cultura de la corrupción y la impunidad sea enterrada”, expresó José Alberto Ortiz, al destacar que el Estado va a poder reclamar en juicio una indemnización ascendente a unos 12 mil millones de pesos, montos que volverán al patrimonio para ser invertido en políticas, obras y servicios públicos de calidad.
Ortiz, quien estuvo acompañado de Rafael Rivas, uno de los coordinadores del ERPP y el abogado Edison Joel Peña, destacó que con esa decisión la jueza Yanibet Rivas, ratifica el criterio de todos los tribunales, desde el año 2020 en adelante, en el que se reconoce la calidad de víctima y querellante del Estado dominicano, así como la facultad del Poder Ejecutivo para apoderar al Equipo de Recuperación de Patrimonio Público.
“Este caso es una muestra importante de que la defensa del patrimonio público debe ser objetiva, independiente y ajena a cualquier filiación partidaria. Cuando se trata de proteger los recursos del Estado, no importa el color político de nadie. Lo único relevante es la ley, la prueba y el deber de reparar el daño causado al pueblo dominicano”, enfatizó el coordinador Rivas respecto del auto de apertura para el empresario Jochi Gómez, propietario de Aurix S.A.S., y Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de
Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
De igual forma, deberán enfrentar juicio Pedro Vinicio Padovani Báez y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exencargado del Centro de Control de Tráfico y exdirector de Tecnología del Intrant, respectivamente.
De igual manera, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant, Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
También, las personas jurídicas Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
El Estado sostiene que el sabotaje, la alteración de servicios públicos y cualquier afectación al funcionamiento institucional pueden constituir fuentes de perjuicio patrimonial y daño moral colectivo, cuya reparación debe ser reclamada en beneficio de toda la sociedad.
