La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) calificó como "urgente" que el Consejo del Poder Judicial (CPJ) redefina sus prioridades institucionales en coordinación directa con los jueces y servidores judiciales, tras el reciente paro de labores que ha afectado el servicio de administración de justicia a nivel nacional.
A través de un documento firmado por su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, la entidad afirmó que las protestas y la paralización de labores reflejan las "distorsiones e incoordinaciones" que aún prevalecen en el sistema judicial de la República Dominicana, las cuales hunden sus raíces en un histórico déficit presupuestario.
FINJUS recordó que, a pesar de las profundas reformas iniciadas desde la modificación constitucional de 1994 —que incluyó la creación del Consejo de la Magistratura y la Ley de Carrera Judicial—, los resultados óptimos se han visto limitados por la asignación de recursos.
La institución denunció que el mandato de la Ley 194-04, que otorga por ley el 2.66% de los ingresos públicos al Poder Judicial, nunca se ha observado plenamente.
"Para citar un ejemplo, en 2025, el Poder Judicial percibió un monto de RD$ 12,922 millones, que es apenas el 0.96% del monto que obliga la ley", puntualizó Castaños Guzmán, señalando este recorte como la causa inmediata de que los planes institucionales a corto y largo plazo no se cumplan.
Apoyo a los reclamos de los servidores judiciales
La organización calificó de "justos" los reclamos del personal judicial y advirtió que ninguna institución puede ser exitosa si carece de políticas claras de remuneración, equipamiento técnico adecuado y herramientas de innovación.
Sin embargo, FINJUS también reconoció los avances logrados por el sector judicial en los últimos años, citando la reducción de la mora, la digitalización de trámites y el mayor acceso a la información sobre las decisiones judiciales, logros que, según la entidad, corren peligro si no se inyectan mayores capacidades y recursos.
Llamado a un diálogo inmediato
Ante la crisis actual, la entidad de la sociedad civil hizo un llamado imperativo a deponer actitudes y abrir canales de negociación.
Exhortaron al Consejo del Poder Judicial a alcanzar consensos con ecuanimidad y apertura junto a los jueces y servidores.
"El objetivo de este diálogo debe ser estructurar, a corto plazo, una propuesta de readecuación presupuestaria con metas definidas para ser presentada al Poder Ejecutivo", enfatizó Castaño Guzmán.
Finalmente, FINJUS advirtió que la República Dominicana no puede poner en riesgo su desarrollo económico y social descuidando su sistema de justicia, el cual es la columna vertebral para garantizar la seguridad jurídica, las libertades ciudadanas y la convivencia pacífica en el país.
