El secretario de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo cuestiona al Gobierno por aumentar los precios del GLP y gasoil sin explicar la fórmula utilizada, pese a la caída de los precios internacionales del petróleo.
Economìa - PortafolioEl domingo
Daniel Toribio, secretario de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo (FP), denunció este domingo la alarmante falta de transparencia en la determinación de los precios de los combustibles en la República Dominicana. Exigió al Gobierno una explicación detallada de la fórmula utilizada para establecer estos valores y una auditoría de los subsidios otorgados en los últimos años.
“A nombre de la Secretaría de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo, queremos insistir en que el pueblo dominicano tiene derecho a saber cómo se fijan los precios de los combustibles que cada semana afectan su bolsillo”, expresó Toribio. Sus declaraciones surgen a raíz del reciente aumento en los precios del GLP y el gasoil, incrementos que, según advirtió, repercuten en toda la cadena de precios, incluyendo los productos de la canasta básica.
Toribio calificó como grave que, a pesar de que los precios internacionales del petróleo han registrado caídas no vistas en los últimos tres años, el Gobierno aplique incrementos sin explicar bajo qué criterios o fórmula técnica se adoptan estas decisiones.
“Cada vez que llenamos un tanque de combustible o un galón de gas y vemos esos números nos preguntamos: ¿Cómo llegaron a ese precio?”, cuestionó el dirigente político, subrayando que desde hace más de dos décadas la ciudadanía vive bajo la misma falta de transparencia.
Opacidad y promesas incumplidas
Según Toribio, la Ley 112-00 establece la fórmula de cálculo de los combustibles, que incluye el Precio de Paridad de Importación, márgenes de distribución e impuestos. Sin embargo, a pesar de que esta información debería ser pública, en la práctica está oculta.
“El Ministerio de Industria y Comercio solo publica el precio final. A veces menciona el impuesto. Pero no revela los componentes completos, ni explica conceptos clave como el Gasto de Administración de Ley, ni cómo exactamente se calcula ese precio de paridad”, explicó.
El dirigente advirtió que esta opacidad erosiona la confianza de la ciudadanía y mantiene al país con uno de los combustibles más caros de Centroamérica y el Caribe, afectando sobre todo a los sectores más vulnerables.
En ese sentido, cuestionó la gestión de los recursos públicos destinados a subsidios, recordando que el Gobierno ha anunciado miles de millones de pesos en aportes para contener los precios, sin que se publiquen cifras auditadas ni un desglose claro de cómo se distribuyeron esos fondos. “Cuando se manejan recursos públicos no puede haber opacidad”, enfatizó.
Toribio recordó además que desde septiembre de 2020 el Ministerio de Industria y Comercio prometió dar a conocer la composición de los precios de los combustibles mediante una campaña titulada “Conoce tu fórmula”. Incluso, en 2022, el presidente Luis Abinader anunció una reforma a la Ley de Hidrocarburos, supuestamente orientada a transparentar el sistema. Sin embargo, a la fecha, ninguno de esos compromisos se ha concretado.
“Otros países como Chile, Colombia o México publican los componentes completos del precio del combustible, con cifras verificables, portales públicos y auditorías independientes. Entonces, ¿por qué la República Dominicana no? ¿A qué se le teme? ¿A que la gente descubra que paga más de lo justo?”, reclamó.
Demandas de la Fuerza del Pueblo
Finalmente, Daniel Toribio presentó formalmente las demandas de la Fuerza del Pueblo:
Que se establezca, mediante mandato legal o decreto presidencial, la publicación quincenal de todos los componentes del precio de los combustibles, con datos verificables.
Que esa información esté disponible en un portal público, de forma clara y comprensible.
Que se auditen los subsidios otorgados y se rinda cuenta detallada de cada peso invertido en contener los precios.
“No estamos pidiendo combustible regalado. Estamos pidiendo transparencia. Estamos pidiendo respeto. Estamos exigiendo un derecho básico: saber qué pagamos, por qué lo pagamos y a quién se beneficia realmente”, concluyó el secretario de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo.
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