Las autoridades dominicanas "deben actuar contundentemente frente a las crecientes amenazas contra personas defensoras de los derechos de personas migrantes haitianas, dominicanas de ascendencia haitiana en situación de apatridia y afrodescendientes", señaló en un comunicado la directora para las Américas de AI, Ana Piquer.
De lo contrario, afirmó, "estas podrían derivar en violencia física y el silenciamiento permanente de una parte de la sociedad civil dominicana".
De acuerdo con Amnistía, las autoridades locales "deben poner fin a las declaraciones, prácticas, políticas y decisiones antiderechos humanos que favorecen la persistencia del racismo estructural y que han producido un entorno habilitante para la discriminación".
Esto incluye garantizar el derecho a la nacionalidad de los dominicanos de ascendencia haitiana que quedaron en situación de apatridia por una sentencia del Tribunal Constitucional de 2013 y poner fin "a la política migratoria racista que se basa en expulsiones colectivas de personas haitianas y el perfilamiento racial contra personas negras", añadió.
Asimismo, deben abstenerse de emitir declaraciones estigmatizantes contra los migrantes haitianos y los dominicanas de ascendencia haitiana, lo que implica "dejar de negar y reconocer las arbitrariedades y violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de una política migratoria racista", agregó.
También han de "dejar de señalar a la población migrante haitiana como la responsable de la precarización de servicios públicos como la educación y la salud".
Miedo a los operativos migratorios
"Las políticas racistas del Gobierno han validado un entorno de terror", prosiguió AI, que aseguró que en los bateyes, comunidades compuestas por personas migrantes haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana, "impera el miedo a los operativos migratorios".
Las repatriaciones a Haití se intensificaron desde que en octubre pasado el Gobierno dominicano anunciara que procedería a devolver semanalmente a unas 10.000 personas en situación migratoria irregular, en su práctica totalidad haitianos.
Piquer aseguró que han recibido "dolorosos testimonios de personas que, aun portando documentación regular, dudan de buscar atención médica o ir a trabajar por tanto temor".
"Nos alarma que los discursos racistas también han incrementado su presencia en medios de comunicación y redes sociales", lo que "ha derivado en un asedio digital que estigmatiza, desacredita, difama e incluso amenaza a personas defensoras".
El presidente dominicano, Luis Abinader, "tiene la oportunidad de liderar acciones concretas para fortalecer el respeto a las voces críticas y garantizar un entorno donde la defensa de la justicia racial sea protegida", afirmó.
En su nota, AI precisó que desde finales del año pasado el Movimiento Sociocultural de Trabajo Humanitario y Ambiental y la Comisión Nacional de Derechos Humanos denunciaron ataques hacia sus sedes, mientras medios de comunicación y la organización Participación Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional, reportaron incidentes similares.
Denunció que las autoridades también han restringido la libre expresión en espacios públicos con base en prejuicios racistas y, al respecto, se refirió a un incidente el 8 de marzo cuando policías interrumpieron un acto público por el Día Internacional de la Mujer al confundir una expresión sincrética de la cultura nacional con una canción en creole, idioma haitiano.
