Indica que solicitó y obtuvo una orden de arresto emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Duarte en contra del imputado, identificado como Luis Miguel, de unos 24 años de edad.
Justicia23 de febrero de 2025
A través de un comunicado de prensa el órgano persecutor indica que solicitó y obtuvo una orden de arresto emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Duarte en contra del imputado, identificado como Luis Miguel, de unos 24 años de edad.
Además, se informó que la niña y su madre, esta última, quien denunció el caso en un vídeo ampliamente difundido a través de redes sociales, están bajo protección de las autoridades.
La progenitora de la víctima denunció en el audiovisual que siente temor porque encontró al nombrado Luis Miguel en el patio de su vivienda acechando a su hija de once años, mientras se bañaba.
Luego de la denuncia del caso se ofreció la atención y protección necesaria a la madre y a su hija, iniciándose de inmediato las investigaciones a través de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de San Francisco de Macorís.
Luis Miguel es perseguido para ejecutar en su contra la orden de arresto emitida en su contra por violar el artículo 396, letras b y c, del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).
La institución del sistema de justicia indicó en el documento de prensa que junto a otros órganos de seguridad del Estado persigue activamente al imputado.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución y la procuradora de corte Olga Diná Llaverías, fueron comisionados para realizar la investigación y esclarecer las circunstancias de los hechos.
Los magistrados de la Corte de Apelación determinaron que la jueza de la Novena Sala Penal de primera instancia incurrió en una errónea valoración de las pruebas presentadas durante el proceso.
En el proceso, Medina Sánchez, quien dirigía el entramado de corrupción, fue declarado culpable de soborno en el comercio y la inversión, lavado de activos, uso de documentos falsos y asociación de malhechores, por lo que fue condenado a siete años de prisión.
Henry Molina, sostuvo que este concurso ya forma parte de la vida institucional del Poder Judicial, representando la búsqueda de la verdad, el compromiso público y el vínculo con la democracia.
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