El Partido de la Liberación Dominicana asegura se socavó carácter cívico de recintos electorales con propaganda política de los oficialistas, compra de voluntades y asedio a electores.
28 de febrero de 2024
El Partido de la Liberación Dominicana asegura se socavó carácter cívico de recintos electorales con propaganda política de los oficialistas, compra de voluntades y asedio a electores.
El Partido de la Liberación Dominicana asegura se socavó carácter cívico de recintos electorales con propaganda política de los oficialistas, compra de voluntades y asedio a electores.
En ese sentido, indicaron que se abstuvieron de acudir al salón de la Asamblea Nacional, para enviar un mensaje al país y al gobierno; que, desde el primer poder del Estado no comulgan con el accionar de los funcionarios y el ejecutivo, frente a lo que calificaron como un claro y abusivo uso del presupuesto nacional en favor de una organización política y en detrimento de la institucionalidad democrática del país.
Entre esos desmanes del gobierno de turno destacaron el accionar de compra de dirigentes y autoridades electas, como legisladores, alcaldes, y regidores en todo el territorio nacional, alimentado y promoviendo el transfuguismo como una práctica común de la política dominicana.
Estas prácticas corruptas en el ámbito político, junto al asedio de los votantes y dirigentes, ponen en evidencia la hipocresía del PRM y su gobierno que han querido venderse como abanderados de la lucha contra la corrupción, pero erosionan la ética democrática, al comprometerse en acciones ilegítimas para alcanzar el poder.
Deploraron la designación de funcionarios del gobierno central, como responsables políticos en regiones y provincias, desde donde hicieron compromisos políticos para solucionarlos con cargo a la nómina pública y el presupuesto nacional.
En un acto sin precedente alguno, los legisladores de oposición rechazaron el socavamiento del carácter cívico de los recintos electorales, con la instalación de comandos de campaña alrededor de cada centro de votación, con la presencia de dirigentes y militantes del partido de gobierno, haciendo campaña política el mismo día de las elecciones.
Los senadores y diputados de oposición entienden que los informes presentados por la Organización de Estados Americanos y Participación Ciudadana, en calidad de observadores del proceso electoral, debe llamar la atención de las autoridades de la Junta Central Electoral para evitar que repitan en las elecciones venideras y se garantice una campaña y jornada electoral más equitativa y justa.
Abinader enfatizó que esta infraestructura está diseñada para facilitar la vida de cientos de miles de santiagueros, permitiéndoles llegar de manera eficiente desde las universidades a sus hogares y lugares de trabajo
El magistrado explicó que las partes interesadas han sostenido reuniones con el objetivo de crear planes y políticas para el sistema de justicia y el desarrollo del Plan Estratégico Decenal del Poder Judicial.
El Metro de Los Alcarrizos es una de las principales iniciativas del Gobierno dominicano para mejorar la movilidad y el transporte público en el Gran Santo Domingo.
Las investigaciones preliminares han establecido que las cajas contaminadas con la sustancia fueron enviadas a nombre de una compañía ubicada en el municipio de Navarrete, provincia de Santiago,
Entre las principales metas de su administración, Contreras destacó el fortalecimiento de la imagen de Acroarte y de los Premios Soberano. Hizo hincapié en su valor como marca país y patrimonio cultural dominicano.
La procuradora general afirmó estar convencida de que la transformación de la humanidad parte de los avances tecnológicos y la inteligencia artificial.
Resaltó que el país mantiene una de las economías más dinámicas de la región, con una inflación contenida y niveles históricos de inversión.
Destacó la reciente entrega por parte del presidente Luis Abinader del Multiuso del Ensanche Espaillat, una infraestructura deportiva construida con una inversión superior a RD$23.5 millones.
El proyecto establece un régimen jurídico que garantiza la eficiente utilización de los fondos públicos, la satisfacción de intereses generales y la protección de derechos fundamentales.