El fiscal especial del Departamento de Justicia de Estados Unidos que investiga el manejo de documentos clasificados por parte del presidente, Joe Biden, ha completado su pesquisa y se espera que el reporte se dé a conocer pronto al Congreso y al público, dijo el secretario de Justicia, Merrick Garland, a legisladores en una carta el miércoles.
Garland no detalló las conclusiones del reporte del fiscal especial Robert Hur, pero dijo que se comprometía a revelar todo lo que sea posible del documento una vez que la Casa Blanca complete una revisión para identificar posibles problemas de confidencialidad. Se espera que ese proceso concluya a finales de semana, apuntó el vocero Ian Sams.
La investigación, que duró un año, se centró en la posesión indebida de documentos clasificados por parte de Biden durante su etapa como senador y vicepresidente del país. Se encontraron documentos confidenciales en su vivienda en Delaware y en una oficina privada que utilizó desde que fungió como vicepresidente con Barack Obama a su regreso a la Casa Blanca.
La resolución de la pesquisa llega en un año crucial para el presidente, que busca la reelección en un clima político profundamente polarizado. Aunque se espera que las conclusiones disipen las nubes legales que se ciernen sobre Biden, las críticas por su manejo de los documentos podrían mermar su capacidad para atacar a Donald Trump — su posible rival en noviembre — por una acusación pendiente que señala que el exmandatario acaparó archivos de alto secreto en su mansión de Mar-a-Lago y obstruyó los intentos del FBI para recuperarlos.
Es probable que Trump y otros republicanos cuestionen la legitimidad de la investigación alegando que fue iniciada por el Departamento de Justicia del gobierno del propio Biden.
Pero Garland trató de blindar al departamento de las acusaciones de parcialidad y conflictos de interés con el nombramiento el año pasado de Hur, que fue fiscal federal de Maryland durante la presidencia Trump, para manejar la pesquisa de Biden, y designar a Jack Smith para supervisar las investigaciones sobre Trump.
Mientras que las pesquisas sobre Trump derivaron en docenas de acusaciones en su contra por delitos graves el año pasado, en el caso de Biden se espera un resultado diferente. La política del Departamento de Justicia prohíbe acusar a un presidente en activo y, a diferencia de la investigación sobre Trump, no han aparecido pruebas que sugieran que Biden haya incurrido en conductas similares o haya guardado intencionadamente archivos que se suponía que no debía tener.
