La Fiscalía de Perú ha pedido que se apliquen 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, destituido en diciembre pasado por el Congreso de ese país, acusado por la presunta comisión de delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias durante su Gobierno (julio 2021-diciembre 2022). 

De acuerdo con el Ministerio Público peruano, la solicitud de privativa de libertad contra Castillo, quien se encuentra encarcelado desde el 7 de diciembre de 2022 tras ser vacado por el Parlamento y acusado por supuesta rebelión, fue emitida por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

La institución también solicitó que la medida sea extendida por los mismos delitos a dos exministros de Castillo: Juan Silva Villegas, quien estuvo al frente de la cartera de Transportes y Comunicaciones, y Geiner Alvarado López, que fue responsable del despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y también dirigió el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

La petición de la Fiscalía se oficializó luego de que el Congreso aprobara a mediados de febrero la denuncia constitucional contra Castillo a partir de una acusación que presentó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en octubre de 2022.

La decisión del Parlamento se dio tras negarle al expresidente una solicitud para declarar de manera presencial ante el pleno del Congreso, en un proceso de defensa que asumió su abogado, Eduardo Pachas. Lo que dio paso a que la Fiscalía formalizara la investigación preparatoria.

El expediente de la fiscal Benavides contra Castillo califica al exmandatario como presunto cabecilla de una organización criminal que habría operado en tres sectores del Estado: el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la compañía estatal petrolera Petro Perú.

Castillo encarcelado
Castillo permanece encarcelado en la prisión de Barbadillo, en la capital del país, donde esta semana miles de manifestantes del sur peruano han convocado la llamada 'Segunda toma de Lima', para rechazar el régimen de la mandataria designada por el Parlamento, Dina Boluarte, entre otras demandas que consideran claves para resolver la crisis política, institucional y de Gobierno.

El profesor Castillo, quien sigue considerándose el presidente legítimo de Perú, dijo en una entrevista reciente con El Salto que teme por su vida y la de su familia. El exmandatario exige un proceso constituyente para el país y denuncia la represión llevada a cabo por la Administración de Boluarte contra las protestas masivas.

"En Perú no hay ningún tipo de seguridad ni jurídica, ni política, ni civil", declaró el exmandatario, quien aseguró que fue acosado y agredido por la derecha peruana desde la campaña por la segunda vuelta.

Castillo, además, sigue siendo reconocido como mandatario por los Gobiernos de Honduras y México, que han denunciado la ejecución de un golpe de Estado parlamentario y militar en su contra para colocar un régimen de facto, que ha provocado distintas violaciones a los Derechos Humanos y decenas de fallecidos en medio de la protesta social que se mantiene desde hace casi tres meses.

La crítica situación política y de Derechos Humanos en Perú también ha sido denunciada por países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

Además, los Gobiernos de Colombia, Chile, Argentina, Bolivia y Venezuela han denunciado el golpe contra Castillo, los abusos policiales contra los manifestantes peruanos, el clima de ingobernabilidad en el país andino, mientras abogan por el resguardo del mandatario vacado.

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